El reparto de candidaturas al Congreso de la Unión por cuotas para personas LGBTIQ+, indígenas, afromexicanas, migrantes y con discapacidad provocó una crisis en el Instituto Nacional Electoral (INE).
El Consejo General no logró avalar un acuerdo ordenado por el Tribunal Electoral, que eliminó una cuota para que los partidos postularan a personas en condición de pobreza y que algunos consejeros habían sacado adelante en el mes de septiembre pasado.
Se espera que el INE vote esa propuesta en la sesión de este sábado, con lo que los institutos políticos estarán obligados a asignar, al menos, 50 de las 500 diputaciones y nueve de las 128 senadurías a las cinco acciones afirmativas mencionadas.
El acuerdo para cumplir la sentencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) generó inconformidades en la mayoría de los representantes de los partidos, quienes pidieron tiempo a la presidencia del INE para preparar sus argumentos en contra.
Y es que en su sentencia, el Tribunal Electoral ordenó a los consejeros regresar a la fórmula que el INE aplicó en 2021, para que todos los partidos postulen candidaturas comprometidas con los derechos políticos de quienes históricamente han carecido de representación en el Congreso.
En contraste, el acuerdo que se formuló en el mes de septiembre, ya desechado por los magistrados electorales, dejaba en libertad a los partidos sobre cómo cumplir con las candidaturas de las acciones afirmativas.
A la presión de los partidos políticos se sumó que en la madrugada escaló la tensión entre los consejeros electorales, al grado de que la consejera presidenta, Guadalupe Taddei, tuvo que cancelar en dos ocasiones la sesión prevista para ayer.
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